En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideramos que la modificación unilateral y de efecto inmediato implementada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) en las tarifas de los grupos aeroportuarios concesionarios es una violación grave al Estado de Derecho. Esto se debe a que contraviene el artículo 10.8 de la Concesión, el cual estipula que «las condiciones establecidas en la Concesión podrán revisarse y modificarse por acuerdo entre la Secretaría y el Concesionario». Además de esto, refleja una gestión administrativa irresponsable que podría deteriorar la calidad de los servicios para los pasajeros y desincentivar nuevas inversiones en el sector aeroportuario.
Desde Coparmex abogamos por el estricto respeto y cumplimiento de la ley y los términos bajo los cuales se otorgaron los Títulos de Concesión, así como por la realización adecuada de procedimientos y la creación e implementación de políticas públicas centradas en las personas y la libre empresa, y que busquen el desarrollo inclusivo del país. Por lo tanto, condenamos la manera en que la AFAC decidió llevar a cabo cambios sustanciales en los términos de las bases de regulación tarifaria, sin considerar las consecuencias económicas para miles de inversionistas y el impacto futuro en millones de pasajeros. Además, esta acción envía un mensaje negativo a la comunidad internacional al mostrar que la autoridad no respeta los contratos firmados con particulares.
Hacemos un llamado al diálogo entre los concesionarios que operan 41 aeropuertos en México y la SCT, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que beneficie a todos los participantes de la industria. La modificación ya ha tenido un impacto negativo en el valor de las acciones de los grupos aeroportuarios en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con una caída de hasta un 26%, y también afecta la capacidad de atraer inversiones al país.
Las decisiones unilaterales y discrecionales son preocupantes para aquellos que desean invertir en México, ya que la incertidumbre normativa y económica puede disuadir la llegada de nuevas inversiones, lo cual es contrario a la oportunidad histórica que representa la «relocalización de plantas industriales» (Nearshoring).
En Coparmex advertimos que la decisión tomada por la AFAC, notificada a los concesionarios privados recientemente, tendrá consecuencias no solo en las finanzas de los grupos aeroportuarios, sino que también afectará a las líneas aéreas y, en última instancia, a los usuarios a los que se supone se busca apoyar.
Los sectores aeronáutico y aeroportuario ya han enfrentado desafíos importantes debido a la pandemia y la pérdida de la Categoría 1 de Seguridad Aérea, lo que ha implicado dos años de esfuerzo para recuperarla. Las inversiones de las empresas concesionarias se basan en proyecciones de ingresos con base en las tarifas acordadas, por lo que cualquier modificación perjudica sus finanzas, la generación de empleo en el sector y la inversión en infraestructura, mantenimiento y seguridad.
En resumen, las decisiones parciales aumentan la incertidumbre para los inversionistas, desincentivan nuevos proyectos y generan desconfianza. Es esencial que el gobierno y el sector privado colaboren para fortalecer la infraestructura de comunicaciones y transportes, especialmente en un momento en el que el presupuesto público es limitado. Por lo tanto, instamos a las autoridades a revertir esta decisión que podría obstaculizar las inversiones futuras en la infraestructura nacional, en un sector ya vulnerable como la aviación civil, y que no debe verse afectado por decisiones políticas o electorales de corto plazo, preservando así las ventajas competitivas y el atractivo de México en el contexto del «nearshoring».