Comprendemos la importancia del gas natural como factor para el crecimiento y desarrollo económico nacional. Sin embargo, estamos preocupados por el acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que propone asignar Certificados de Energía Limpia (CELs) a Centrales de Ciclo Combinado, ya que contradice los estándares internacionales y socava los compromisos de México en la lucha contra el cambio climático.
Advertimos que la implementación de esta medida, publicada el 26 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), podría afectar la imagen y reputación del país como un destino confiable para inversiones responsables con el medio ambiente. Las empresas necesitan un marco regulatorio coherente con las normas mundiales que promueven actualmente la producción de productos basados en energías limpias.
Es importante destacar que el proyecto de certificar la generación por ciclo combinado, argumentando que se utiliza turbinas de vapor de agua, fue exento de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y no pasó por un proceso de consulta ciudadana, que debería haber permitido la expresión de la sociedad y el sector empresarial.
Debemos tener claro que el cambio climático es uno de los desafíos más grandes de la humanidad, y como país firmante del Acuerdo de París y comprometido con la Agenda 2030, México ha asumido la responsabilidad de actuar para limitar el aumento de la temperatura global y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Según los expertos y cifras de la Secretaría de Energía (SENER), se identifica una realidad preocupante: en 2022, la producción de electricidad a partir de fuentes limpias y renovables disminuyó. La participación de la energía renovable cayó un 0.4% en un año, alcanzando el 24.4% del total nacional, con un volumen de 82,983 gigavatios por hora en 2022.
La decisión de la autoridad no contribuye al cumplimiento de los objetivos, como la meta de generar el 35% de electricidad a partir de fuentes renovables para 2024. Este objetivo ambicioso busca proteger el medio ambiente y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. No lograremos cumplir nuestras metas y compromisos mediante acuerdos que disimulen la realidad o alteren las cifras, sino a través de acciones efectivas.
En este sentido, consideramos fundamental avanzar en la transición hacia un modelo energético más sostenible, donde se fomente el uso de energías limpias y renovables. Estas energías contribuyen significativamente a la reducción de las emisiones.
Estamos convencidos de que existen áreas de mejora en la implementación de políticas y acciones para alcanzar nuestras metas climáticas. Por lo tanto, instamos a la CRE y a las autoridades correspondientes a reconsiderar este acuerdo y promover medidas que realmente impulsen la generación de energías limpias y renovables. Solo así podremos garantizar un futuro sustentable, competitivo y próspero, como el que proponemos en la dimensión social del Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI).